Consejería Jurídica del Ejecutivo acusa a Corte de invadir asuntos de otros poderes

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) se lanzó nuevamente contra el tribunal.

Durante la sesión de este jueves, la Corte había declarado la inconstitucionalidad de esta norma al considerar que existieron violaciones en el proceso legislativo.

Los ministros señalaron que el dictamen no fue repartido entre los legisladores con la anticipación antes de la votación, por lo que no pudieron estudiar lo que iban a votar.

Consejería Jurídica acusa a Corte de invadir otros poderes

Al respecto, la CJEF señaló a los juzgadores de violar la constitución, y los acusó de haberse metido en asuntos de otro poder.

“La ley que regula la vida interna del Congreso es la única que no puede ser vetada, esto se debe a que son representantes electos, lo que implica que es un poder que no puede ser invadido en su vida interna”, aseveró la consejería.

En este sentido, el ejecutivo federal señaló que la SCJN invadió las facultades del Congreso al establecer requisitos adicionales en el proceso legislativo.

“La SCJN debe respetar los procedimientos internos del Poder Legislativo, así como éste y el Ejecutivo lo hacen con el Poder Judicial. De lo contrario, los contrapesos se convierten en instrumentos autoritarios que rompen el equilibrio entre poderes establecidos en la Constitución”, puntualizó la consejería.

Finalmente, señaló que “de continuar con este actuar, la SCJN pone en riesgo la democracia y crea una situación de incertidumbre jurídica que impide el funcionamiento eficaz de los otros Poderes de la Unión, en detrimento del necesario equilibrio de poderes”.

Esta no es la primera vez que la CJEF y la Corte tienen desencuentros. A inicios de mayo presentó un recurso de reclamación contra la admisión de al menos 106 impugnaciones presentadas en contra de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que formaban parte del Plan B de reforma electoral. En ese entonces, el gobierno le advirtió que si anulaba el decreto aprobado por la Cámara de Diputados, estaría sustituyendo al Congreso de la Unión y por lo tanto violaría la Constitución.